Actualmente, muchos países están discutiendo la forma en la cual los datos pueden generar valor público y privado. Los Estados están desarrollando grandes esfuerzos para disponibilizar la data que tienen en su poder. Desde hace ya una década, los países de América Latina han implementado políticas públicas para promover el acceso a la información, fundamentalmente en lo que respeta a datos en poder del Estado.

Las múltiples iniciativas para establecer marcos normativos en pos de otorgar acceso a la información que el Estado tiene y gestiona, han sido un proceso muy profundo en la última década. Primero México con la ley de acceso a la información pública y luego muchos de los países de la región, que tomaron como base el proceso mexicano. Chile no estuvo ajeno a este proceso, promulgando el año 2008 la ley Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública[1] que además creó el Consejo para la Transparencia[2].

Muy pronto, se instalaron los conceptos de transparencia activa y pasiva. En los últimos años este proceso busca ir más lejos, y desde la transparencia nos movimos hacia el gobierno abierto y en particular los datos abiertos. El 2012, el gobierno de Chile promulgó el instructivo presidencial que estableció la publicación de datos por parte del Estado[3].

Hoy, Chile forma parte de la organización Open Government Partnership – OGP[4], la cual busca entre otras cosas, promover políticas públicas de acceso y uso de los datos. Además, a nivel legislativo, se ha intentado impulsar una legislación en materia de protección de datos personales. De hecho, en 2017, el gobierno presentó una iniciativa de ley enfocada en el uso de datos personales por parte de las empresas cuando esos datos han sido proporcionados de manera activa o pasiva por los consumidores a una determinada empresa o institución.

Estas acciones, son muy importantes para que Chile se convierta en un líder económico y social en un sistema de innovación basado en datos. Pero al avanzar en una legislación sobre protección de datos, es sumamente importante que Chile considere los puntos de vista de todas las partes interesadas, incluyendo consumidores, la industria y especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que a menudo son las empresas más creativas e innovadoras. La ley chilena puede ser un poderoso promotor de negocios y protector de personas si nuestro proceso legislativo es inclusivo y nuestra ley es cuidadosamente equilibrada entre todas las partes. Haga clic en descargar para leer más.